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Corrupción de presidentes de América Latina

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Latinoamérica

Latinoamérica: cuando los corruptos son los presidentes

El año pasado, en Guatemala se realizaron grandes manifestaciones en contra del expresidente Pérez.

El año pasado, en Guatemala se realizaron grandes manifestaciones en contra del expresidente Pérez.

Foto:Esteban Biba / EFE

Son varios los exmandatarios de la región con líos judiciales relacionados con corrupción.

Redacción El Tiempo
La reciente detención del expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca por el desvío de 246 millones de dólares procedentes de fondos públicos llamó de nuevo la atención sobre la corrupción de exmandatarios de este país centroamericano, pues a Saca, que gobernó entre el 2004 y el 2009, también se le suman su antecesor, Francisco Flores (1999-2004), y su sucesor, Mauricio Funes (2009-2014), ambos acusados de enriquecimiento ilícito.

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Pero estos hechos no solo son comunes en este país. Varias naciones latinoamericanas se encuentran en igual situación, como Panamá, Guatemala, Argentina y Brasil.
El expresidente Francisco Flores fue acusado de apropiarse de 5 millones de dólares y desviar otros 10 a una cuenta de su partido político. El dinero había sido donado por Taiwán y tenía como destino programas de reconstrucción y atención a víctimas de terremotos. Flores falleció en enero de este año a causa de un accidente cerebrovascular, pero la investigación sigue en curso.
Por su parte, Funes enfrenta cargos que tienen que ver, entre otros, con supuesto enriquecimiento ilícito y posible lavado de dinero. El exmandatario recibió asilo político en Nicaragua, en donde se encuentra desde el pasado mes de septiembre.
“Lo que sucede en El Salvador es realmente preocupante, y la mayor paradoja se dio con el expresidente Funes, pues pertenecía a un partido de izquierda cuyo discurso se enfocó en combatir la corrupción, luego de 20 años de la derecha en el poder. La acusación contra Funes generó un mayor desencanto con la política y un mayor escepticismo en la ciudadanía”, aseguró a EL TIEMPO Gabriel Labrador, periodista de El Faro.

Más casos

Guatemala también se ha estremecido por la corrupción de sus gobernantes. El año pasado, el entonces presidente Otto Pérez Molina fue acusado de defraudación aduanera y lavado de dinero, junto con su vicepresidenta Roxana Baldetti y otros altos cargos del gobierno. La investigación, que estuvo a cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en cabeza del exmagistrado colombiano Iván Velásquez y de la Fiscalía, destapó el escándalo que los puso tras las rejas.
Según Elizabeth Ungar, miembro del consejo directivo de la ONG Transparencia Internacional, la corrupción genera problemas de gobernabilidad muy fuertes no solo desde el punto de vista institucional, sino también en la confianza y credibilidad de los ciudadanos en sus gobernantes. “Estos casos de corrupción forjan en los ciudadanos una desazón, pues finalmente muchos piensan: ‘si los presidentes son corruptos, ¿qué se puede esperar de los demás?’ ”, afirmó Ungar a EL TIEMPO.
Otro de los casos recientes de corrupción que involucran a expresidentes es el de Panamá, donde el exmandatario Ricardo Martinelli es investigado por la supuesta sobrefacturación en un contrato de 45 millones de dólares destinados a la compra de comida para escuelas públicas. El gobierno del actual presidente, Juan Carlos Varela, pidió a EE. UU. la extradición de Martinelli, que está en ese país desde el 2015.
Siguiendo con la lista, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, es investigada por “defraudación contra la administración pública” por presuntamente haber perjudicado de forma deliberada al Estado con la ‘venta de dólar futuro’, transacción mediante la cual se vendieron divisas a un precio inferior al del mercado.
Según Fernando Basch, miembro de la firma Governance Latam, algunos de los pocos estudios estadísticos que hay sobre corrupción en Argentina muestran que solo el 3 por ciento de los delitos contra la administración pública terminan en condena. Además, los procesos por corrupción son impulsados aproximadamente 3 años después de los hechos y tienen una duración promedio de más de 11 años. “Esta situación permite que la mayoría de los casos concluyan con la prescripción de la acción o por otras formas de extinción sin condena”, aseguró a EL TIEMPO Basch.
Sin duda, uno de los casos que más sorprendieron a la región fue el del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, dados el reconocimiento y la popularidad que tuvo su gobierno. El exmandatario es investigado por la supuesta posesión de un lujoso apartamento que pertenecía a una compañía constructora envuelta en un escándalo de corrupción por ser beneficiaria de contratos con la estatal Petrobras.
El caso de Dilma Rousseff, destituida de la presidencia de Brasil, no se ajusta como tal a la acusación de corrupción en la medida en que más que apropiación de recursos fue un caso de maquillaje de cuentas públicas.
Ante este sombrío panorama, la ciudadanía y diversas organizaciones piden que se impongan penas ejemplares. Ungar afirma que mientras no existan compromisos reales para combatir conjunta y drásticamente la corrupción va a ser muy difícil que el flagelo acabe, entre otras razones, porque los tentáculos se expanden, convirtiéndose en un problema global.
DIANA RINCÓN HENAO
Redacción ELTIEMPO.COM
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