Después de un año, indígenas celebran la memoria de los muertos en Bagua
Las actividades - promovidas por la Organización Regional de los Pueblos de la Amazonia Norte (Orpian), por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), y por la Confederación Nacional de Comunidades de Perú Afectadas por la Minería (Conacam) - tiene por objetivo celebrar la memoria de las personas asesinadas en el episodio de Bagua y debatir sobre la ley de amnistía para los dirigentes indígenas criminalizados por defender la naturaleza.
El día 4 de junio, en la capital peruana se realizo una misa en homenaje a las personas asesinadas en la Curva del Diablo. La programación continuo el cinco de junio con la actividad cultural "Bagua no se olvida", en Plaza Francia. Las acciones terminan el próximo 8 de junio, con una marcha pacífica que saldrá de la Plaza San Martín para entregar un memorial a la 40ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Criminalización, Amnistía y Moratoria de las industrias extractivas.
El 5 de junio tampoco paso desapercibido en Bagua. Un forum discutio y explico a la población indígena amazónica la ley de Criminalización de las Protestas y, el día 6, las organizaciones realizaron una peregrinación hasta la Curva del Diablo, lugar donde ocurrieron los conflictos el año pasado, para prestar un homenaje a los muertos en la masacre.
Entretanto, no todos los pueblos peruanos pudieron celebrar el primer año de los acontecimientos de Bagua. La gobernación de Yurimaguas, por ejemplo, negó el permiso solicitado por las comunidades de Alto Amazonas para realizar una jornada de movilización el día 6 de junio. En el documento, la autoridad competente afirma que la acción no es "un acto público cívico patriótico".
El gobernador de la provincia de Alto Amazonas, Ronald Zegarra Guerra, sólo aprobó la realización de una marcha pacífica el 4 de junio -de la plaza de armas de Yurimaguas hasta la Plaza Moralillos- y de una misa y vigilia.
El caso Bagua
A principios de abril de 2009, indígenas peruanos bloquearon una de las principales carreteras de Bagua como forma de presionar al Estado para que respete sus derechos y para que derogue una serie de decretos legislativos relacionados con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
El 5 de junio, después de casi dos meses de bloqueo, policías e indígenas entraron en confrontación. El saldo fue de 33 personas muertas y 82 heridas durante el desplazamiento forzado de miles de indígenas que estaban en la vía. La presión de los indígenas, sin embargo, sólo funcionó después que el conflicto conmocionó al mundo entero. El 11 de junio, seis días después de la masacre, el Congreso escuchó las demandas de los indígenas y derogó los decretos 1090 y 1064.
A pesar de ese hecho, el caso Bagua todavía sigue sin un desenlace. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), después de un año, los 127 procesos judiciales contra indígenas y mestizos todavía están en la fase instructiva o de investigación. O sea, ninguno consiguió llegar al juicio oral.
"La lentitud de la administración procesal hizo que se mantuviera a tres indígenas en los presidios de Chachapoyas y Bagua, aún cuando la prueba de absorción atómica a la que dos de ellos fueron sometidos dio negativa y, a un tercero, no se le proporcionó un intérprete oficial solicitado hace más de cuatro meses", afirmó Gustavo Campos, abogado de Comisedh.
Traducción:
Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com /
Karol Assunção* Periodista de Adital
Adital/06/06/2010
