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Vocero Bolivariano: 26 abr 2010

26/4/10

BOLETÍN DEMOCRACY NOW! EN ESPAÑOL

LOS TITULARES DE HOY

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Democracy Now! - USA/26/04/2010

“Sólo aceptaremos el desmantelamiento”

OTRA MARCHA, HAYA O NO HAYA

DECENAS DE MILES DE PERSONAS EN GUALEGUAYCHU CONTRA EL FALLO DE LA HAYA POR LA PASTERA

Pese a las informaciones sobre diferencias entre los vecinos de Gualeguaychú por el camino a seguir tras el fallo de La Haya, la convocatoria de ayer fue multitudinaria. Críticas a los gobiernos de Uruguay y Argentina.

“No les mienta a los uruguayos diciéndoles que el problema es el corte de ruta” increparon a Pepe Mujica.

Desde Gualeguaychú

En una multitudinaria marcha que ayer congregó a miles de personas sobre el puente Internacional General San Martín, la comunidad de Gualeguaychú rechazó la resolución del Tribunal Internacional de La Haya y volvió a exigir el desmantelamiento de la planta de celulosa UPM Botnia. La sexta manifestación anual de este tipo desde que comenzó el conflicto, puso de manifiesto la vitalidad del reclamo, más allá de las diferencias al interior de la comunidad acerca del mantenimiento del corte en la ruta 136 que comunica con la localidad oriental de Fray Bentos. El descontento con el veredicto sobre la contaminación de la pastera motivó fuertes reclamos de los asambleístas hacia el presidente uruguayo, José Mujica, al que exigieron que “pida perdón” por haber violado el Tratado del Río Uruguay, y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de que tome “decisiones políticas contundentes”. Además, rechazaron el monitoreo conjunto del Río Uruguay entre ambos países, y prometieron continuar con las protestas mientras la planta siga operando a la vera del río compartido.

Había pasado más de una hora de caminata sobre la traza de la ruta, hasta que el comienzo de la tupida columna de manifestantes –que se extendió por un par de kilómetros– alcanzó el límite argentino del puente San Martín. Desde el agua, una treintena de embarcaciones saludaban a la multitud, mientras un helicóptero de la policía de Entre Ríos patrullaba desde el aire. Ese fue el lugar acordado para culminar el acto que la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú viene realizando desde hace seis años en contra de Botnia, y el momento de leer la proclama que, como anticipó Página/12, tuvo un fuerte contenido político. No fue una marcha más: era la primera luego del fallo de la Corte Internacional de La Haya, que encontró culpable al Estado uruguayo de violar el Estatuto del Río Uruguay al no informar a la Argentina debidamente sobre la construcción de la pasteras a orillas del río, pero que desestimó las pruebas de contaminación presentadas por la Cancillería argentina y, por ende no, vio motivos para ordenar el cese de sus operaciones.

Minutos después de las 15, la multitud se detuvo frente a un palco en el que dos asambleístas comenzaron la lectura de la proclama, mientras a lo lejos las chimeneas de Botnia no dejaban de humear. Parlantes distribuidos a lo largo de todo el trayecto reprodujeron las duras palabras que expresaron la postura de los ambientalistas, en lugar de la pegadiza música –que también hacía referencia al conflicto–, la cual acompañó el clima de fiesta que reinó durante el todo el recorrido. La cantidad de gente sobre el puente hizo que cuando saltaban al ritmo de las consignas, realmente se moviera. Himno argentino y uruguayo mediante, comenzó la lectura del documento:

“Jamás aceptaremos el control ni el monitoreo de la planta: nuestra exigencia es el inmediato desmantelamiento de Botnia-UPM”, comenzó el documento crítico hacia el veredicto de la Corte de La Haya y que ponía en palabras todas las consignas escritas en los carteles que portaban los vecinos. “El fallo, lejos de solucionar el conflicto lo agrava”, sostuvieron al cuestionar el hecho de que el Tribunal sólo haya tenido en cuenta las pruebas aportadas por el Estado oriental, puesto que éstas sólo estaban avaladas por organismos que eran parte interesada del conflicto. La queja se centró en el hecho de que a pesar de que Uruguay fue encontrado responsable de violar el tratado bilateral por el río en común, “no hubo castigo ejemplar”. La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y Finlandia –el país que tiene mayoría accionaria en la planta de celulosa– también fueron criticados.

Con el mandatario oriental José Mujica fueron menos indulgentes aún. “No les mienta a los uruguayos diciendo que el problema es el corte de la ruta 136”, reclamaron, además de tildarlo de servil a las multinacionales. “Usted tiene la llave: si saca a Botnia nosotros nos vamos de ahí”, desafiaron en referencia al corte de Arroyo Verde. “Hágase cargo y pida perdón, porque el Estado que usted conduce violó el Tratado del Río Uruguay y generó este conflicto”, concluyeron al recalcarle que empiece a hacer realidad “sus discursos progresistas”.

En tanto, el discurso tampoco ahorro críticas al Ejecutivo nacional. A la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le pidieron “coherencia”, y le exigieron “acciones concretas” para lograr el desmantelamiento de la pastera, al tiempo que remarcaron no querer ser “objeto de negocios”. Los reclamos puntuales a la Presidenta giraron en torno de la aplicación del código aduanero para no permitir que Botnia utilice insumos argentinos y la prohibición a empresas nacionales para que comercialicen con ella. De la misma forma, también refirieron a las pruebas de contaminación presentadas ante La Haya, exigiendo su publicación. En uno de los tramos más duros de la proclama le preguntaron a CFK “¿Qué festejan usted y los funcionarios nacionales de este fallo? ¿No cree que debe darnos explicaciones acerca de su derrota en el aspecto científico del juicio?”, rebatiendo así la postura oficial que se había mostrado conforme al haber logrado una condena moral al Uruguay por la violación del tratado bilateral, a la vez que pidieron “decisiones políticas contundentes”. Las declaraciones de ambos mandatarios la semana pasada, dejaron entrever que la cuestión de fondo había sido zanjada por el veredicto, postura que los asambleístas consideraron “inadmisible”, al exigir a Fernández el rechazo “al control y monitoreo conjunto de la planta”. “Será usted la responsable de lo que suceda de aquí en adelante”, amenazaron.

También aprovecharon la ocasión para dirigir los dardos hacia el gobernador provincial Sergio Urribarri por su intención de desarrollar el corredor vial del Río Uruguay, lo que –según estiman– obedece a un proyecto de extracción compulsiva de bienes naturales desde nuestro territorio en beneficio de compañías privadas. “Usted traiciona y entrega a su pueblo”, acusaron.

La pastera UPM pasó a un segundo plano en este documento que sólo detalló la cantidad de desechos arrojados por la planta de celulosa y el riesgo que entraña para el ecosistema de la cuenca acuífera.

Dos horas antes de ese momento, el ritual comenzó con una concentración pasando el corte de Arroyo Verde. Desde temprano colectivos y micros habían recogido gente desde el Corsódromo de Gualeguaychú y cientos de autos estacionaban a la vera de la ruta. Puntualmente a las 13 comenzó la oración ecuménica a cargo del obispo local, Jorge Lozano, el rabino Sergio Bergman, y pastores evangélicos. Bergman, cuya presencia fue significativa por el tinte político que agrega, llamó a respetar la ley aun cuando “la Justicia resulte imperfecta”. El ex gobernador entrerriano Jorge Busti y el intendente local Juan José Bahillo escuchaban con atención desde la primera fila. Más lejos Vilma Ripoll y Alfredo de Angelis se perdían en la multitud. Puestos de merchandising vendían desde ojotas, remeras y gorros hasta termos con calcomanías alusivas al reclamo.

“Fuera Botnia UPM ilegal”, “Uruguay violador” eran las consignas que más se repetían entre los carteles y pancartas que portaban los manifestantes. Una cuenta regresiva dio inicio a la caminata justo a las 14. Agrupaciones ambientalistas de todo el país suscribían a la marcha y hasta en algunos casos enviaron sus propias delegaciones. Corriente Clasista y Combativa y Federación Agraria estuvieron entre las entidades que apoyaron la movilización que no son ambientalistas. Bombas de estruendo y baile de los más jóvenes que encabezaban la marcha señalaban el camino.

Todo fue organizado y en orden: una veintena de gendarmes estaba apostada arriba del puente como una presencia simbólica que aseguraba que los posibles incidentes azuzados desde el Uruguay no prosperarían. En el río, lanchas, barcos y hasta kayaks lanzaron bengalas, tras lo cual se acercaron al ilegal puerto de UPM para manifestarse.

Lejos de aplacarse tras el dictamen de La Haya, el conflicto recibió un masivo apoyo, y en la postura que adoptaron los ambientalistas, el foco de atención giró hacia las futuras decisiones políticas que tomen los mandatarios del Río de La Plata. La reunión bilateral del miércoles se aguarda con expectativas en Gualeguaychú, y los ambientalistas anunciaron que trasladarán la protesta al sitio donde tenga lugar la reunión entre los presidentes. De su lado queda definir qué sucederá a partir de ahora con el corte en Arroyo Verde en una asamblea ampliada para la cual aún no hay fecha firme.

Informe: Gabriel Morini

SUBNOTAS
Página/12 - Argentina/26/04/2010

Inmigrantes se juegan la vida en el desierto de Arizona

Por Jeb Sprague

Muro fronterizo entre México y Estados Unidos en paso Mariposa   / Crédito:Jeb Sprague/IPS
Muro fronterizo entre México y Estados Unidos en paso Mariposa

Crédito: Jeb Sprague/IPS

NOGALES, México, 23 abr (IPS) - "Tengo que volver a Arizona, es mi hogar", dice el mexicano Sergio, de 26 años, mientras coloca su última pastilla purificadora en un cubo de agua turbia. Su hijo vive en ese estado de Estados Unidos donde él mismo pasó la mayor parte de su vida.

Sin documentos, Sergio, como otros inmigrantes, no puede obtener una licencia de conducir. Cuando usaba una identificación falsa, lo detuvieron en un control de tráfico de rutina y, tras hacerle pasar cuatro meses en la cárcel, lo deportaron a México.

Sergio explica en un inglés fluido que inmediatamente después de su deportación intentó cruzar el desierto, pero agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos lo capturaron y lo pusieron en prisión otros ocho meses. Él no tiene vínculos familiares en los estados de la frontera mexicana; toda su vida está en Arizona, enfatiza.

El 13 de este mes, el órgano legislativo del estado de Arizona aprobó el proyecto de ley más duro contra los inmigrantes --la SB 1070--, que ahora se encuentra a estudio de la gobernadora del Partido Republicano, Jan Brewer.

Penalizando a las personas que no cuenten con una identificación adecuada, el proyecto requiere que la policía revise el estatus legal de cualquiera que sospeche es indocumentado.

Apenas dos días después, en un enorme operativo en el que participaron 800 policías de nueve agencias federales y locales, fueron arrestadas 50 personas que trabajaban en el sector del transporte.

Funcionarios de Inmigraciones de Estados Unidos dijeron que la medida incluyó "una cooperación sin precedentes con la Secretaría de Seguridad Pública de México", en una investigación que "implicó a miembros de alto nivel de organizaciones de tráfico de seres humanos".

El mismo día, integrantes de la organización anti-inmigrantes Tea Party realizaron varias manifestaciones en el condado de Maricopa, también en Arizona.

El ex congresista republicano Tom Tancredo culpó a los inmigrantes indocumentados de cometer asesinatos, y usó como ejemplo el crimen de Rob Krentz, un hacendado de ese estado, que tuvo lugar el mes pasado y sigue sin resolverse.

"La sangre de esas personas está en las manos de cada político que administra una ‘ciudad-santuario’", dijo Tancredo en la ciudad de Tempe.

Se llama "ciudad-santuario" a aquella donde no rigen las normas federales o estaduales en materia de inmigración.

Isabel García, copresidenta de la Coalición para los Derechos Humanos, con sede en Tucson, dijo en Pacifica Radio que ella culpa al gobierno federal y al estadual por "hacer a propósito que Arizona sea el laboratorio para todas estas medias anti-inmigrantes".

Con puntos urbanos de cruce de fronteras como Nogales, una ciudad muy fortificada, los migrantes deportados a México que desean regresar con sus familias en Arizona realizan peligrosas travesías por el desierto.

Según organizaciones estadounidenses de derechos humanos, la cantidad de migrantes que fallecen cada año intentando ingresar a Arizona aumentó de nueve en 1990 a unas 200 a mediados de 2000.

El gobierno de Barack Obama ha continuado la política de sus predecesores de usar la muerte como medida de disuasión, lo que de acuerdo con el derecho estadounidense e internacional se considera ilegal.

En 1994, con la aprobación Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el entonces presidente Bill Clinton (1993-2001) militarizó oficialmente la frontera con la "Operation Gatekeeper" ("Operación Guardián") y la "Operation Hold The Line" ("Operación Defender las Líneas de Combate").

Al redirigir los recursos del gobierno a los principales cruces urbanos entre Estados Unidos y México, donde es más fácil acceder a agua, alimentos y refugio, sucesivos gobiernos estadounidenses han usado explícitamente las inhóspitas condiciones del desierto como método para disuadir a los inmigrantes.

La monja Engracia Robles, de las Hermanas de la Eucaristía, ayuda a administrar un pequeño centro donde voluntarios reciben a deportados. "A menudo la gente duerme en el cementerio" cercano, relata.

"Llegan con ampollas en los pies, con cortes en el rostro y moretones. Están hambrientos, no tienen nada; sus zapatos están rotos de caminar durante días por el desierto", explica.

IPS presenció una emotiva reunión familiar en el centro, cuando dos niños que pasaron varios meses separados de sus padres finalmente volvieron a encontrarse con ellos.

Cerca de allí, en el paso de Mariposa, cientos de camiones cruzan la frontera.

"Ésta es una frontera del TLCAN", explica Connie Romero, voluntaria de la organización No Más Muertes, con sede en Arizona.

"El dinero se mueve libremente, y las personas con dinero también, pero los pobres son empujados a un peligroso cruce del desierto", agrega.

En el lado mexicano, Agustín García, un obrero de la construcción deportados declaró a IPS: "Hemos estado en Estados Unidos durante los últimos 18 años, pero (Joe) Arpaio (el jefe de policía del condado de Maricopa) nos envió de regreso. Aquí no tenemos familia. No tenemos nada".

Otro trabajador, deportado hace poco, no puede entender por qué un país tan grande y con tantas oportunidades no le permite trabajar.

"Al sheriff Arpaio no le gusta la gente de piel oscura. John McCain, senador de Arizona (y ex candidato republicano a la Presidencia), me odia porque tengo la piel oscura. Obama es negro y debería comprender, pero también me odia. ¿Por qué?", planteó.


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Más allá del paso de Mariposa, un desierto y muchos peligros. Crédito: Jeb Sprague/IPS
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