Informe al Congreso de nuevos delitos del rey
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Al Excmo. sr. Presidente del Congreso de los Diputados de las Cortes Españolas
Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige por segunda vez a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:
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Con fecha 4 de abril del presente año, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 77.1 de la Carta Magna española, elevé a su autoridad un escrito en el que le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación parlamentaria que, conforme a lo señalado en el artículo 76.1 de ese mismo texto legal, procediera de inmediato a estudiar e investigar los presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos, tanto en su juventud como en su ya largo reinado, y de los que existen abundantes indicios racionales en las exhaustivas y complejas investigaciones que como historiador militar me he permitido realizar a lo largo de los últimos veinticinco años. Presuntos delitos que le especificaba con todo detalle en el mencionado documento: homicidio imprudente, asesinato, golpismo, malversación de fondos públicos, corrupción generalizada, terrorismo de Estado…
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Han pasado seis largos meses desde que le remití el escrito y VE, obviamente, no se ha molestado siquiera en acusar recibo del mismo. Puesto a analizar tamaña falta de profesionalidad, dejación de sus responsabilidades como máximo representante del pueblo soberano y auténtica falta de respeto hacia un ciudadano español que cree desenvolverse en un Estado de derecho y paga religiosamente sus impuestos (una parte alícuota de los cuales va directamente al bolsillo de su excelencia), sólo llego a atisbar tres posibles causas del desafuero institucional cometido por VE contra mi persona. Son las siguientes:
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1ª.- Quizá esté equivocado y mis denuncias contra el rey Juan Carlos: asesinato, golpismo, malversación de fondos reservados, terrorismo de Estado, corrupción…no tengan la suficiente enjundia (política, jurídica, social…) como para que el Congreso de los Diputados, máximo órgano representativo del pueblo español, se vea impelido a investigarlos y, en consecuencia, su excelentísima persona urgida a mover de una vez su estúpido trasero.
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2ª.- Pudiera ser también que el estado anímico de su honorable persona, señor Bono, no sea el mejor de los posibles después de su heroica decisión de congelar los emolumentos de todas las señorías que en esa Cámara calientan banco tres días a la semana. Con lo que el sueldo mensual de su presidente, el de su excelencia (mensual, no anual como es muy frecuente entre los ciudadanos españoles) deberá seguir siendo durante todo el año de crisis de 2009 de unos 15.000 euros. Desde luego, con esos ingresos puede resultar hasta comprensible su absentismo laboral...
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3ª.- O tal vez la razón suprema de su falta de educación, señor Bono, tenga algo que ver con el miedo de su señoría excelentísima a que, si se crea la Comisión de Investigación solicitada, se le caigan definitivamente los palos del sombrajo a este Régimen benefactor y singular levantado con tanto esfuerzo por el franquismo para que nada cambiara de verdad en este país tras la muerte del dictador y VE se quede a la intemperie y sin ese modesto sueldo a que me refería en el apartado anterior.
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De todas formas, señor Bono, por una u otras razones, usted no ha cumplido con sus deberes como presidente del Congreso de los Diputados. Yo le remití mi solicitud sobre la base de un derecho constitucional (artículo 77.1) y de ese derecho como ciudadano español se desprende una obligación por su parte: la de acusar recibo de la misma y tramitarla con arreglo a las normas pertinentes de actuación parlamentaria. Porque si usted no cumple con su obligación como presidente de esa Cámara, alegando cortedad en el sueldo o alguna otra razón que se me escapa, yo me quedo sin derecho, sin Comisión de Investigación y sin Constitución que valga. Y lo que es todavía peor: los españoles (empezando por usted) se van a quedar en la inopia para siempre en relación con las perrerías cometidas durante su ya largo reinado por el último de los Borbones.
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Y ahora paso al meollo del presente escrito, es decir, a contarle algunas cosas muy graves, muy graves, muy graves… gravísimas ¡como no! del actual rey de España, Juan Carlos I de Borbón. Más que nada para que tome buena nota de ellas, añadiéndolas en lugar preferente al inventario de presuntos delitos que ya le he remitido y que deberá ser estudiado, cuando a usted le venga bien, por la todavía nonata Comisión de Investigación Borbónica Española (CIBE)
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Me estoy refiriendo en concreto, señor Bono, a tres nuevos, espeluznantes, bochornosos, repugnantes… delitos, que ni la historia ni los ciudadanos españoles conocen todavía en toda su profunda dimensión (algunos historiadores, obviamente, estamos en ello) cometidos en los últimos meses del año 1975 por el entonces príncipe de España, justo cuando desempeñaba la Jefatura del Estado de una forma interina pero con todos los poderes del dictador en la mano. Presuntos delitos que de entrada podríamos catalogar, hasta que la citada Comisión parlamentaria pueda pronunciarse, como de alta traición, cobardía ante el enemigo y genocidio. Sí, sí, no se me ponga nervioso, señor Bono, que enseguida paso a informarle largo y tendido sobre el asqueroso hecho político que acoge estas figuras delictivas de Juan Carlos I, que para eso soy historiador militar y, modestia aparte, creo que de todo esto sé un poquito, lo justo quizá para despertar su mente y la de algunos miles de ciudadanos españoles.
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Y le voy a exponer el asunto, en principio, señor presidente, de una forma extractada y casi telegráfica (aunque creo que muy comprensible para usted, que me imagino tiene cierta culturilla histórica, y para el lector medio) pues no querría bajo ninguna circunstancia que este escrito se convirtiera, por mor de mi incontinencia profesional, en una larga y tediosa lección magistral de historia de España. Eso lo dejo, si a vuecencia le parece bien, para deleite de las señorías a las que les corresponda un día poner en su sitio, de una vez por todas, a este Borbón de medio pelo salido de las cloacas del franquismo que ha tomado la jefatura del Estado español como su finca particular y su saneado negocio.
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El hecho histórico a que me refiero, señor Bono, no es otro que el de la vergonzosa entrega a Marruecos, en noviembre de 1975, de nada menos que 200.000 kms cuadrados del llamado Sahara español (provincia africana según Franco, territorio bajo administración española según la ONU) por miedo a tener que enfrentar una guerra con ese país (que había organizado una marcha “pacífica” de 300.000 ciudadanos marroquíes y nos amenazaba con la invasión pura y dura) y tras un pacto secreto entre el jefe de Estado español en funciones en aquellos dramáticos momentos (el príncipe Juan Carlos de Borbón), la CIA y el Departamento de Estado norteamericano (Kissinger). Pacto por el cual el heredero de Franco se quitaba de en medio una muy probable guerra colonial con nuestro vecino del sur (que podía poner en grave peligro su ansiada corona) y recibía además el inmenso apoyo político yanqui para estabilizar su tambaleante Régimen.
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A cambio, claro está, de traicionar con nocturnidad y alevosía, como ha sido práctica habitual en él, al pueblo español (ajeno a todo como siempre), a sus Fuerzas Armadas (que a pesar de su abandono operativo y escasez de medios estaban dispuestas a sacrificarse por defender el honor de España y la legalidad internacional), al pueblo saharaui (que sería entregado desarmado al invasor y bárbaramente masacrado en una desigual guerra y en un oscuro genocidio que se saldarían con más de cuatro mil víctimas, y del que cualquier juez imparcial pediría responsabilidades al jefe del Estado español por cómplice y colaborador necesario) y a la ONU (que había decretado a través de su Tribunal Internacional de Justicia y de su resolución 380 la ilegalidad de la acción unilateral de Marruecos y el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación).
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Empecemos, pues, presidente, y que nadie desdeñe el asunto como lejano en el tiempo o meramente historicista pues estamos hablando de hechos gravísimos cometidos en su día por el actual jefe del Estado español, como son los presuntos delitos de “alta traición a la nación española” tras la acción consumada y no debatida en sus órganos institucionales de la entrega a una potencia invasora de una parte importantísima del territorio nacional sin intentar defenderlo siquiera y tras un pacto secreto con el propio enemigo y su socio geoestratégico; de “cobardía ante el enemigo” por parte del jefe del Estado español en funciones de comandante en jefe del Ejército que entrega sin combatir una parte substancial del territorio nacional tras un pacto secreto con el enemigo; y de “genocidio” contra el pueblo saharaui, en grado de colaboración necesaria con el ejecutor directo del mismo (el sátrapa marroquí), al haber puesto bajo la bota de su Ejército, totalmente desarmados, a los 30.000 habitantes de la antigua provincia española, a los que debería haber defendido con arreglo al Derecho Internacional y a los derechos humanos más fundamentales.
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Repasemos, pues, esos lamentables hechos, próximo a cumplirse su 33 aniversario:
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21 de agosto de 1975
El departamento de Estado norteamericano da luz verde a un proyecto estratégico secreto de la CIA, financiado por Arabia Saudí, para arrebatar la antigua provincia del Sahara (270.000 Kms cuadrados) a España. Un territorio vital desde el punto geoestratégico, rico en fosfatos, hierro, petróleo y gas, que EE.UU no está dispuesto a dejar en manos de España dada la situación en que se encuentra el régimen franquista. El plan consiste en invadir la zona mediante una marcha “pacífica” de unos 300.000 ciudadanos marroquíes (Marcha Verde), que se harían pasar por antiguos habitantes de la zona.
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6 de octubre de 1975
El servicio de Inteligencia del Ejército español informa a Franco, ya muy enfermo, de los planes de EE.UU en relación con el Sahara.
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16 de octubre de 1975
La Marcha Verde es anunciada por Hasan II, al mismo tiempo que el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU rechaza las pretensiones de Maruecos sobre ese territorio.
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20 de octubre de 1975
Franco empeora ostensiblemente. Sufre un nuevo ataque al corazón.
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21 de octubre de 1975
El príncipe Juan Carlos de Borbón, heredero del dictador, se niega a aceptar la jefatura del Estado con carácter interino. Quiere plenos poderes para poder actuar en el Sahara.
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22 de octubre de 1975
El presidente del Gobierno español, Arias Navarro, con conocimiento de Franco, manda a Solís a Rabat para tratar de parar el órdago marroquí prometiendo negociaciones sobre el tema en cuanto la situación del dictador mejore.
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26 de octubre de 1975
Comienza la Marcha Verde en territorio marroquí. Toda la planificación operativa y la organización logística han corrido a cargo de técnicos norteamericanos.
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30 de octubre de 1975
Juan Carlos de Borbón se hace cargo de la jefatura del Estado español (artículo 11 de la ley Orgánica del Estado). Está muy preocupado por la situación en el Sahara pues tiene muy presente el caso portugués. No quiere que la situación le desborde.
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31 de octubre de 1975
El príncipe preside un Consejo de Ministros en La Zarzuela. Cuestión prioritaria: el Sahara. Asiste invitado el jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Fernández Vallespín. Juan Carlos manifiesta su férrea determinación de ponerse al frente de la situación. Sin embargo, no les dice a los reunidos que él ya ha enviado a su hombre de confianza, Manuel Prado y Colón de Carvajal, a Washington, para solicitar la ayuda de Henry Kissinger. Es consciente de que una guerra colonial con Marruecos en aquellos momentos podría precipitar los acontecimientos al estilo de lo acaecido en Portugal y que podría perder su corona antes de ceñirla.
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El secretario de Estado norteamericano acepta la mediación solicitada por el nuevo jefe del Estado español, intercede ante Hassan II y en las siguientes horas se pergeña un pacto secreto por el que Juan Carlos se compromete a entregar el Sahara español a Marruecos (vistiendo el muñeco de la rendición con unas amañadas conversaciones políticas en Madrid), a cambio del total apoyo político americano en su próxima andadura como rey de España.
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2 de noviembre de 1975
Juan Carlos de Borbón visita las tropas destacadas en El Aaiun en un viaje sorpresa. Está en tratos secretos con los americanos para la entrega del territorio, pero no tiene ningún reparo en escenificar un “teatrillo castrense” con los militares (a los que traicionará en las siguientes horas igual que al pueblo español, a los saharauis y a la propia ONU) echando mano de la extensa parafernalia castrense propia de estos actos: formación solemne, desfile, honor a los muertos, recepción en el Casino Militar… En este centro, en el curso de una bien regada copa de vino español, hasta se permite el lujo de representar el papel de un moderno “Escipión El Africano a la española”, diciéndoles a los oficiales de las tropas allí destacadas: “España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres” y también, hinchando el pecho y subiendo la barbilla: “No dudéis que vuestro comandante en jefe estará aquí, con todos vosotros, en cuanto suene el primer disparo”
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¡La cara de este hombre es de cemento! (Nota del autor)
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6 de noviembre de 1975
La Marcha Verde invade la antigua provincia africana española. En virtud del pacto secreto (alta traición) entre Kissinger, Hassan II y el flamante nuevo jefe del Estado español (el viejo se está muriendo en el hospital hecho un guiñapo entre monitores y sondas) los campos de minas de la frontera han sido levantados y los legionarios españoles prudentemente retirados. España hasta se permite la desvergüenza de enviar al ministro de la Presidencia para que gire una visita de cortesía a los campamentos marroquíes. La ONU, incómoda y sin saber de qué va la cosa, urge a Hassan II a retirarse y a respetar la legalidad internacional. España mira para otro lado ¡bastante tiene el principito con asegurar su corona! y el tirano alauí no hace el menor caso.
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9 de noviembre de 1975
Hassan II da por alcanzados todos sus objetivos en el Sahara y en espera de las conversaciones de Madrid (ya tiene asegurada su presa) retira los campamentos de la Marcha Verde a Tarfaya. Argelia protesta y retira su embajador en Rabat. Los polisarios, traicionados por España, se aprestan a la lucha.
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12 de noviembre de 1975
Comienza la Conferencia de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, con EE.UU de mandamás en la sombra.
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14 de noviembre de 1975
Declaración de Madrid sobre el Sahara. Se entrega a Marruecos toda la parte norte de la antigua provincia española: 200.000 Kms cuadrados de gran importancia geoestratégica, muy ricos en toda clase de minerales, gas y petróleo (descubierto por petrolíferas yanquis y en reserva estratégica). A Mauritania (que los abandonará enseguida en beneficio de su poderoso vecino del norte) se le transfieren 70.000 Kms cuadrados del sur, los más pobres e improductivos. Las Cortes y el pueblo español no saben nada del asunto. Todo se ha tejido entre bastidores, con la CIA, el departamento de Estado norteamericano y los servicios secretos marroquíes como maestros de una ceremonia bochornosa en la que el príncipe Juan Carlos ha movido sus hilos a través de sus validos y hombres de confianza: Armada, Mondéjar, Torcuato Fernández Miranda… mientras el Gobierno del anonadado Arias Navarro, con Franco moribundo y su porvenir político en el alero, se ha limitado a ejercer de convidado de piedra en la mayor vergüenza política y militar de España en toda su historia. Porque sí, efectivamente, este país, después de su flash imperial, ha padecido en diferentes épocas derrotas sin cuento, descalabros memorables y renuncios espectaculares, pero nunca jamás había traicionado de una forma tan perversa a sus propios ciudadanos (los saharauis lo eran en 1975), se había humillado de tal manera ante un pueblo más débil que él pactando en secreto su rendición, y abandonado cobardemente el campo de batalla sin pegar un solo tiro y después de entregar a su envalentonado enemigo acuartelamientos, armas y bagajes.
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Una vergüenza histórica sin paliativos, a cargar ¡como no! en el “debe” de un príncipe sin principios morales de ninguna clase, cargado de ambición, bufón de un dictador sin escrúpulos, ansioso de poner sobre su cabeza los ridículos oropeles de una corona trasnochada y profanada hasta la saciedad en el pasado por reyes despreciables de su propia dinastía, y que se permitió el lujo de vender a su propio país, a su pueblo, a la sacrificada minoría étnica que, bajo nuestras leyes y nuestra protección, creyó en la promesas de España y en ser libres algún día.
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De todo esto que le cuento, señor Bono, poca información han recibido durante nuestra sacrosanta transición tanto el pueblo español como su clase política. Había que preservar, así lo estipula la Constitución franquista del 78, la imagen del rey que iba a salvarnos a todos y a traernos los derechos y libertades conculcados durante décadas por su amo y señor.
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Termino, señor presidente del Congreso de los Diputados, y recuerde: alta traición, cobardía ante el enemigo y genocidio. ¡Casi nada! ¿No le parece a su excelencia que quizá esa Comisión de Investigación que tanto pavor le produce debería comenzar su trabajo analizando tan escalofriantes delitos?
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Reciba, señor presidente del Congreso de los Diputados, un afectuoso saludo
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Amadeo Martínez InglésFirmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 8 de octubre de 2008
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LSomos/10/10/2008